Denuncian corrupción y favoritismo en mandos policiales de Chimalhuacán

Autoridades de la Policía de Chimalhuacán denunciaron presunta corrupción, favoritismo y abuso de poder dentro de la corporación, señalando directamente al director, Arturo Ortega Hernández y a la responsable regional, Marisela Altamirano Rodríguez, a quienes acusan de otorgar privilegios a sus allegados y quienes presuntamente entregan ‘regalos’ para permanecer en las unidades.

De acuerdo con los testimonios, los puntos donde se concentran estos beneficios incluyen la base del CUSH (ex universidad en remodelación), Santa Elena, DIF, parque vehicular, Centro Naranja, refugio para mujeres, Centro Oaxaqueño, Plaza Vidrieros, así como la Biblioteca Chimalli, esta última señalada por encontrarse en estado de abandono y ser utilizada por oficiales para dormir durante los turnos.

Los policías que aseguran no acceder a estos presuntos cobros irregulares afirman ser enviados de manera sistemática a custodias lejanas y en condiciones precarias, como servicios en Texcoco, mercados, exteriores del C4 o puntos sin servicios básicos, donde incluso han reportado afectaciones a la salud, particularmente infecciones de vías urinarias por la falta de sanitarios.

Los denunciantes aseguran que, pese a contar con carrera policial y preparación, sus inconformidades son desestimadas por los mandos, quienes presuntamente responden que “si no les parece, pueden darse de baja”, argumentando que los cambios obedecen a “las necesidades del servicio”.

También se denunció la asignación de cargos de comandancia a elementos con apenas un año de antigüedad, mientras sectores completos, como el tercer sector, registran un incremento en la incidencia delictiva.

Según los señalamientos, el comandante a cargo, identificado como Amaro, presuntamente descuida sus funciones operativas, mientras que su escolta, conocido como 'Marino', sería mantenido en el puesto por instrucciones superiores.

Los policías inconformes hicieron un llamado a las autoridades de Chimalhuacán y estatales para que se realice una investigación interna, se revisen las condiciones laborales, el uso de las bases policiales y se frenen los presuntos actos de corrupción que, advierten, no solo afectan a la corporación, sino que impactan directamente en la seguridad de la ciudadanía.