“Crimen sin castigo”. Feminicidios en el Estado de México, entre el dolor y la impunidad

Toluca, Estado de México.- Cada día, en México, entre 9 y 10 mujeres son asesinadas por razones de género, y sin embargo, en la mayoría de los casos, la justicia nunca llega. Las familias de las víctimas enfrentan no sólo la pérdida irreparable de sus hijas, madres o hermanas, sino también un sistema judicial inoperante, omiso e incluso cómplice y donde el Estado de México, es una de las entidades más pobladas del país, se ha convertido en el epicentro de esta crisis, donde el feminicidio es una constante y la justicia, una excepción.

El tema volvió a resonar con fuerza durante la reciente presentación del libro “Revelaciones de un crimen de Estado. Impunidad, corrupción y complicidad”, de la periodista oaxaqueña Soledad Jarquín Edgar, la obra, profundamente personal y a la vez política, reconstruye el caso del asesinato de su hija, María del Sol Cruz Jarquín, ocurrido en 2018, y lo sitúa como ejemplo de un fenómeno nacional, el abandono del Estado frente a la violencia feminicida, debido a que el 70 por ciento de los feminicidios en México quedan impunes.

Esta cifra, proporcionada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), retrata una realidad atroz, de que entre enero de 2015 y marzo de 2025 se han contabilizado más de ocho mil 500 feminicidios en todo el país, de los cuales menos de 3 de cada 10 han derivado en una sentencia condenatoria.

El Estado de México es, desde hace más de una década, una de las entidades con mayor número de feminicidios registrados, según el último informe del SESNSP, hasta agosto de 2025, se han documentado más de mil 200 casos de feminicidio en la entidad desde 2015, con una preocupante concentración en municipios como Ecatepec, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Toluca y Naucalpan.

Ecatepec, con su densa población y altos índices de marginación, ha sido catalogado durante varios años como uno de los municipios más peligrosos para ser mujer, le sigue Chimalhuacán, donde la violencia de género se ha normalizado al punto de diluirse en la cotidianidad y donde las autoridades locales han sido ampliamente criticadas por su pasividad ante el crecimiento de estos crímenes, lo que motivó la declaratoria de dos Alertas de Violencia de Género en el Estado de México: una por feminicidio (2015) y otra por desaparición de mujeres (2019).

Uno de los puntos centrales es el papel que juegan las fiscalías, jueces y cuerpos periciales en perpetuar la impunidad, y de acuerdo a Soledad Jarquín denunció que la carpeta de investigación por el asesinato de su hija fue inicialmente clasificada como homicidio doloso, a pesar de las evidencias de que se trataba de un feminicidio; esa tergiversación de los hechos, dijo, responde a un sistema diseñado para encubrir, no para esclarecer.

Gabriela Ramírez remarcó que los operadores de justicia siguen actuando bajo una lógica patriarcal y sin perspectiva de género, lo que influye directamente en la forma en que se integran las investigaciones y se imparte justicia. “Aplicar la ley de manera neutra en un país desigual es seguir protegiendo al agresor”, sentenció.

De acuerdo con datos del Poder Judicial del Estado de México, entre 2019 y 2024 se dictaron solo 384 sentencias condenatorias por feminicidio, lo que significa que más del 65 por ciento de los casos siguen sin resolución judicial. A esto se suma que muchas familias ni siquiera logran que el crimen de sus hijas sea reconocido como feminicidio, debido a criterios erráticos o negligencia por parte de los ministerios públicos.

La diputada Ruth Salinas, presidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos del Congreso local, reconoció que la entidad enfrenta una crisis estructural en materia de violencia contra las mujeres, sin embargo, aseguró que desde el Congreso se han promovido medidas para enfrentar el problema, como la tipificación de nuevos delitos vinculados a la violencia de género, el fortalecimiento de las penas por feminicidio, y la obligatoriedad para los municipios de implementar protocolos de atención a víctimas.

También mencionó que la Comisión de Declaratorias de Alerta de Violencia de Género ahora funciona como un órgano ordinario del Congreso, con la capacidad de emitir exhortos y dar seguimiento a las acciones de prevención. Aun así, aceptó que los avances legislativos son insuficientes sin una correcta aplicación por parte del Ejecutivo y el Poder Judicial.

En este sentido, la emecista propuso aumentar el presupuesto estatal 2026 destinado a la atención de víctimas, la reparación del daño y la capacitación en perspectiva de género para jueces, policías y fiscales.

En tanto, Sara Lovera, periodista con décadas de trayectoria en el periodismo de género, fue enfática: “callar es permitir que el Estado continúe siendo cómplice” y subrayó que los medios tienen una responsabilidad ética en visibilizar estos crímenes, pero también en exponer el entramado de corrupción e indiferencia que los rodea.

“Revelaciones de un crimen de Estado”, es más que un libro, es un testimonio de cómo la impunidad se convierte en política de Estado y cómo el dolor se transforma en lucha. Es también un llamado a no normalizar la violencia, a no bajar la voz ante la injusticia, y a exigir que el asesinato de una mujer no quede solo como un número más en las estadísticas.

El relato de Soledad Jarquín representa una bofetada al conformismo y una chispa que podría encender un cambio necesario. Pero para lograrlo, hace falta más que libros, discursos o leyes, se necesita voluntad política, recursos suficientes y un sistema de justicia que deje de mirar hacia otro lado.

“Porque mientras la impunidad siga reinando, el feminicidio seguirá siendo una condena silenciosa que se repite todos los días. Y eso, como sociedad, no podemos permitirlo más”, acotó.

Aunque la entidad ha aprobado reformas relevantes, como el endurecimiento de penas por feminicidio o la creación de alertas de violencia de género, estas leyes no se reflejan en resultados concretos. El reto principal es garantizar que lo aprobado en el Congreso se aplique correctamente a nivel municipal, judicial y ejecutivo.

Uno de los mayores retos es garantizar recursos suficientes, etiquetados y auditables para refugios y centros de atención a víctimas; capacitación a personal del sistema judicial y de seguridad; programas de prevención de violencia desde la infancia.

De igual forma, la legislación debe responder a las realidades específicas de las mujeres más vulnerables: indígenas, rurales, con discapacidad, niñas, adolescentes, migrantes, etc. Esto implica reformas con enfoque interseccional y territorial; políticas diferenciadas para municipios con mayor incidencia y atención especial en zonas con presencia del crimen organizado o trata.

Y finalmente deben exigir comparecencias regulares de fiscales y magistrados; crear mecanismos ciudadanos de evaluación del desempeño institucional y promover reformas que obliguen a considerar la perspectiva de género en investigaciones judiciales.