La Operación Caudal incrementó abusos en el Edomex

Para la activista social del Movimiento Antorchista en el Estado de México, Fany Mendoza Mejía, responsable político de la colonia Pedro Sánchez Camacho, una de las más afectadas por la Operación Caudal, implementada por el gobierno morenista en la entidad, se trata, sin duda, de una acción no planificada a profundidad, irresponsable, en la que se buscó asignar las concesiones de distribución de agua potable a empresas particulares afines a la 4T, eliminando a su competencia, sin tomar en consideración que un número muy grande de localidades no cuentan con una red de suministro de agua potable y que dependen del servicio que ofrecen las pipas, por lo que, para evitar futuros inconvenientes y resolver los que aún prevalecen por dicha medida, se debe garantizar el acceso de todos los mexiquenses al agua potable, como es su derecho.

La ley General de Aguas en su artículo 28 establece que: “corresponde a los municipios en los términos de la presente Ley y de las disposiciones locales aplicables, las siguientes facultades: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Garantizar la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales considerándolos como un derecho humano de atención prioritaria”.

Pero en la realidad, de acuerdo a lo vivido por los afectados este derecho humano prioritario solo existe en el papel: “Tenemos 12 años pidiendo que nos metan el agua, ni el gobierno del estado ni las autoridades de Nicolás Romero nos hacen caso, no nos queda de otra que seguir pagando el agua cara en detrimento de nuestra economía, que ya de por sí no nos alcanza para nada”, expresan los vecinos de la colonia Pedro Sánchez Camacho, en Nicolás Romero.

“Es denigrante e injusto que nos cobren el agua muy cara, que nos la escatimen y que nosotros por necesidad la paguemos al precio que quieren los piperos”, es la queja de María Sánchez y de miles de habitantes del Estado de México, quienes desde la Operación Caudal implementada el 24 de octubre del 2025 han sufrido el desabasto en el suministro y el incremento del 50 por ciento o más en su adquisición.

El gobierno mexiquense clausuró 51 pozos en 48 municipios, lo que ocasionó primero una escasez que como en el caso de Texcoco todavía perdura al grado que los habitantes de las colonias populares tienen que comprar garrafones de 20 litros cuyo costo es de 20 pesos para cubrir sus requerimientos más elementales: “No hay agua ni para las necesidades más básicas, en estos meses nos hemos adaptado a bañarnos solo un día a la semana, usamos lo menos posible los trastes y duramos varios días con la misma ropa”, señaló María Olmos López, quien al tener de vecino a un dueño de varias pipas cuestiona que estén aparcadas porque según el transportista no hay pozos en el municipio en donde pueda abastecerse.

En este contexto en Nicolás Romero las autoridades clausuraron cuatro pozos y al igual que en otras demarcaciones el resultado es negativo: “De 22 pesos que pagábamos por un tambo de agua hoy nos cuesta 35 y hasta 40 pesos, los que cuentan con cisterna de 800 pesos les subió a mil 500 o mil 800 pesos para poder llenarla, no es justo que la paguemos tan cara, además nos han dejado hasta 20 días sin agua y si contratamos a otro “pipero” no sé cómo se enteran, pero el que viene a la colonia ya no nos quiere surtir, son muy groseros y casi les tenemos que rogar”, refirió Sandra Jacome.

El 11 de diciembre de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la nueva Ley General de Aguas, que tiene, de acuerdo al gobierno de México, como eje central el derecho humano al agua y al saneamiento, la rectoría del Estado en la gestión del recurso y la planeación hídrica por cuencas, lo que representa un cambio estructural para todos los sectores productivos del país.

Sin embargo, según uno de los concesionarios en el Estado de México, la nueva ley, al modificar las concesiones incrementa substancialmente el costo para los usuarios, hecho que no se puede evitar según él. Dato que al conocerlo María Sánchez cuestionó: “Quiere decir que el culpable de que suba el agua que nos llega por medio de “pipas” es el gobierno, entonces en dónde está el derecho humano al agua”.

De acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) y al análisis del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en el Estado de México se estima que el 20 por ciento de los hogares, equivalente a cerca de 910 mil familias, enfrentan inseguridad hídrica, ya que no tienen la certeza de contar con agua potable, aun cuando en sus comunidades haya la infraestructura adecuada.

Tan solo en Nicolás Romero las colonias afectadas por la falta de agua y un cobro abusivo catalogado así por sus moradores son: La libertad, El Tráfico, Tráfico Tanque, San Juan Tlihuaca, Árbol Solo, Cahuacán, Loma del Río, San Miguel Lila, El Vidrió, Manuel Celis, Espartaco, Balcones de Santa Anna, Elsa Córdova, Manuel Serrano, Pedro Sánchez Camacho y Morelos.