Edomex, entre los siete estados más violentos del país

Toluca, Estado de México.- En el Estado de México, durante 2024, se iniciaron 367 mil 922 carpetas de investigación; es decir, en promedio, se denunciaron mil 8 delitos cada día. Las cifras, obtenidas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, colocan a la entidad en el lugar 25 de 32 en el Índice de Paz México 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).

El indicador, construido con base en tasas delictivas, delitos de alto impacto, percepción de inseguridad y costos económicos, confirma que Edomex se mantiene entre las siete entidades más violentas del país.

El volumen de carpetas revela la dimensión del problema con 122 mil 206 investigaciones por robo, 3 mil 562 por homicidio, 3 mil 439 por extorsión y 73 por feminicidio.

A esto se suma un impacto económico estimado de 627 mil millones de pesos por los efectos directos e indirectos de la violencia.

De acuerdo con el IEP, la violencia generó un costo de 34 mil 638 pesos por persona en el Estado de México. Esta cifra no corresponde al presupuesto en seguridad, sino a lo que pierde la sociedad por homicidios, lesiones, desplazamiento, pérdida de inversión, atención médica, seguridad privada, encarcelamiento y otros factores derivados del delito.

Pese a ello, el Congreso local no ha recibido informes consolidados de las dependencias encargadas de seguridad ni ha podido establecer mecanismos de fiscalización permanentes sobre el uso de recursos públicos destinados a atender esta problemática.

De acuerdo con el Índice de Paz, 87.3 por ciento de la población en la entidad dijo sentirse insegura en 2024.

‘Hay que recordar que el Estado de México cuenta con 18 millones de habitantes, tiene 125 municipios con diferentes problemáticas y es el estado con mayor densidad poblacional. Hay regiones con más altos índices delictivos, pero por eso trabajamos en diferentes operaciones: Enjambre, Atarraya y Bastión, pero también está el Operativo Sur’, declaró.

Sin embargo, la cifra se ha mantenido estable pese al despliegue de operativos conjuntos y campañas institucionales de proximidad.

Cuestionado sobre el impacto económico de la violencia, destacó que, pese al escenario, las inversiones en la entidad fluyen, por lo que hay confianza por parte del sector económico.

‘Estamos impulsando la seguridad como motor de desarrollo. La reducción del delito permite atraer inversión, fortalecer el empleo formal y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, trabajamos con el sector empresarial para reforzar esquemas de protección y con gobiernos locales para mejorar la infraestructura urbana’.

El año pasado, la tasa de homicidios dolosos fue de 12.9 por cada 100 mil habitantes, lo que representa una reducción de 13.8 por ciento respecto a 2023. También disminuyó 7.9 por ciento el homicidio cometido con arma de fuego. Ambas cifras están por debajo de la media nacional, que permanece en 23.3 y 16.7, respectivamente.

La violencia familiar se ubicó en 535.1 y la violencia sexual en 233.7. Aunque ambas bajaron en 2024, el crecimiento acumulado desde 2015 supera 250 por ciento.

El Estado de México encabezó el país en delitos de robo. Con una tasa de 2 mil 018.7 por cada 100 mil habitantes y más de 122 mil carpetas abiertas en un año, el robo representa el principal desafío en seguridad cotidiana. La incidencia promedio fue de 334 denuncias diarias.

Al respecto, Castañeda Camarillo señaló que la estrategia para contener este delito se ha enfocado en corredores de transporte, centros comerciales y puntos de alta incidencia identificados por mapas de calor.

‘Ampliamos la red de videovigilancia con tecnologías de reconocimiento de placas y rostros a través del C5, y trabajamos en la desarticulación de bandas mediante operaciones conjuntas con la Guardia Nacional, Defensa y Fiscalía estatal’, indicó.

El Índice de Paz también reportó una disminución de 13.6 por ciento en extorsión, de 11.6 en narcomenudeo y de 17.6 en secuestro y trata de personas. Las autoridades atribuyen esta baja a acciones de inteligencia y coordinación.

No obstante, el diagnóstico del Congreso apunta a otra lectura, dirigida a que los grupos criminales no han sido eliminados, sino que se han reconfigurado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha documentado la operación de al menos seis estructuras criminales de impacto nacional en la entidad como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, el Cártel de Sinaloa y células locales.

Estas organizaciones mantienen control parcial de actividades como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo, desapariciones y tráfico de personas.

‘Si los ciudadanos nos entregan nombres y ubicaciones de los líderes delictivos, es evidente que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad también los conocen’, comentó la diputada local por Movimiento Ciudadano, Ruth Salinas Reyes.

Para la legisladora, el problema no es la falta de información, sino la falta de voluntad institucional para detener a quienes encabezan estas redes.

Durante esta Legislatura, el Congreso local no ha recibido en comparecencia al fiscal general del Estado de México. Salinas señaló que desde septiembre de 2023 no se ha tenido contacto directo con la Fiscalía.

‘Desde que iniciamos esta Legislatura no se ha presentado ni una sola vez el fiscal general, y tampoco se ha recibido a sus equipos’, dijo.

Indicó que las herramientas jurídicas disponibles no han sido suficientes para garantizar justicia, a pesar de que en 2024 se iniciaron 73 carpetas por feminicidio, 2 mil 679 por violencia de género en modalidades distintas a la familiar y 27 mil 976 por violencia familiar.

‘Las alertas no han derivado en resultados verificables y seguimos haciendo normativa que, en la práctica, son llamados a misa’.

El secretario de Seguridad aseguró que el combate a la violencia se mantiene como una prioridad en la actual administración. Afirmó que los esfuerzos están centrados en fortalecer la coordinación operativa, profesionalizar a las corporaciones locales y atender los factores estructurales del delito.

‘La seguridad es una tarea permanente y de corresponsabilidad, y vamos a redoblar esfuerzos para garantizar resultados concretos’, expresó.

Entre las acciones que destacó están el impulso de redes vecinales, campañas de prevención en escuelas, fortalecimiento del C5 y colaboración con el Poder Judicial y municipios.

Según el Índice de Paz México, el Estado de México continúa entre las entidades con mayor impacto económico por violencia y con niveles altos de percepción de inseguridad.

A pesar de reducciones en algunos delitos de alto impacto, la tasa de violencia general, el robo, la violencia de género y el reacomodo de grupos del crimen organizado y su presencia documentada por la Fiscalía muestran que la pacificación del territorio aún enfrenta condiciones estructurales no resueltas en especial en zonas como el Oriente, una de las más densamente pobladas o el sur y el norte, donde el trasiego de drogas y el robo de combustible se ha detectado como motores para la llegada de células delictivas.

Para la investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Cristina Eugenia Pablo Dorantes, los índices de paz negativos de la entidad podrían ser modificados si autoridades de los 125 municipios, incluyendo a las auxiliares, trabajan para revertir problemas comunitarios que a la larga arrebatan la tranquilidad de la población.

La también profesora de la UAEMéx recordó que, para que se recupere la paz social, no sólo las autoridades están obligadas a trabajar con visión de seguridad ciudadana, sino que la misma población debe aportar su “granito de arena” para la aplicación de políticas públicas que favorezcan el bienestar de la sociedad.

‘Los municipios están obligados a impulsar las acciones que favorezcan la reconstrucción de la paz, y luego los gobiernos estatales son los que deben intervenir, pero no sólo las autoridades municipales están obligadas a atender el tema, incluso las autoridades auxiliares recientemente elegidas, tienen que trabajar con perspectiva de seguridad ciudadana para generar comunidades seguras a través de la prevención y actividades socioculturales’, agregó.