Acusan presunto uso irregular de recursos públicos en la Secretaría del Campo

Toluca, Estado de México.- El abogado y extrabajador del Gobierno estatal, Óscar Chávez Espinosa, hizo pública una denuncia sobre presuntas anomalías en el manejo de la nómina de la administración mexiquense. Aseguró que, durante cinco años y cinco meses, se han emitido comprobantes fiscales a su nombre, a pesar de que su relación laboral con la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO), actualmente Secretaría del Campo (SECAMPO), concluyó en 2021.

Durante una conferencia de prensa, Chávez Espinosa explicó que los recibos correspondientes a los ejercicios fiscales de 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026 aparecen registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), con comprobantes fiscales digitales (CFDI) que presuntamente fueron expedidos y sellados por el Gobierno del Estado de México. Sin embargo, afirmó que no ha recibido los pagos correspondientes ni mantiene actualmente una relación laboral con la institución.

El denunciante relató que su separación ocurrió en 2021, en el contexto de la pandemia por COVID-19, cuando formaba parte del sector de trabajadores vulnerables debido a que padece hipertensión y diabetes. Indicó que, por las disposiciones sanitarias de aquel momento, no debía presentarse físicamente a laborar; no obstante, personal del área de Recursos Humanos presuntamente elaboró un acta administrativa por inasistencias, situación que derivó en la rescisión de su contrato.

Chávez Espinosa, quien trabajaba como chofer asistente en Recursos Humanos y acumulaba más de 17 años de servicio, sostuvo que nunca presentó su renuncia. Por ello, decidió recurrir a las instancias laborales para inconformarse con la determinación y solicitar su reinstalación, mediante el expediente 421/2021, radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

De acuerdo con su testimonio, el procedimiento permanece sin una resolución definitiva desde hace más de dos años, a la espera de que se emita el laudo correspondiente. Consideró que esta situación también plantea interrogantes sobre el control de las plazas y el registro de las percepciones de personas que mantienen controversias laborales con el Gobierno estatal.

El extrabajador señaló que descubrió estas anomalías hace aproximadamente un mes, mientras consultaba información en la plataforma de servidores públicos de la Secretaría del Campo por otro asunto laboral. En dicha búsqueda, aseguró, encontró que su nombre continuaba apareciendo con estatus activo, pese a que su relación de trabajo había sido rescindida años atrás.

Ante el hallazgo, acudió al SAT para revisar su situación fiscal y descargar los comprobantes de nómina. Al analizar los documentos, encontró que seguían reportándose ingresos a su nombre, además de deducciones por conceptos que, afirmó, nunca solicitó ni autorizó.

Entre los descuentos que identificó mencionó un supuesto crédito asociado a una empresa financiera denominada Credicon, así como otro registro vinculado con Verifone, SAPI, cuyos montos aseguró desconocer. También manifestó que su familia ha recibido llamadas de cobranza, particularmente en el teléfono celular de su esposa, cuyo número estaría relacionado con su cuenta de Facebook.

A estas anomalías agregó descuentos por concepto de seguros de vida de MetLife, que aparecen en sus comprobantes desde 2020 o 2021, por aproximadamente 100 pesos quincenales. Chávez Espinosa afirmó que nunca contrató dichos servicios y desconoce quién habría sido designado como beneficiario.

Asimismo, identificó deducciones por mutualidad y cuotas sindicales del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM), además de movimientos relacionados con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Ante estos registros, cuestionó quién autorizó los descuentos, quién recibe las aportaciones y qué personas aparecen como beneficiarias de los servicios y prestaciones asociados a su identidad.

Respecto al monto de las operaciones, estimó que los pagos de nómina reportados a su nombre representarían aproximadamente 500 mil pesos. Sin embargo, señaló que, al ampliar la revisión de su información fiscal, encontró registros que superarían los 10 millones de pesos. Por ello, demandó esclarecer el volumen real de los movimientos, identificar el destino de los recursos y determinar si existen más personas en circunstancias similares.

Como parte de las acciones legales, informó que este martes presentó denuncias ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). También anunció que acudirá nuevamente a la Contraloría del Gobierno estatal. A estas acciones se suman solicitudes de información dirigidas al ISSEMyM y al SUTEYM para conocer las cuotas, aportaciones y cantidades que presuntamente se han registrado a su nombre.

Adelantó que enviará un escrito a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañado de los documentos que acreditan las denuncias y solicitudes presentadas, con el propósito de solicitar una investigación integral. A su consideración, lo ocurrido podría no ser un caso aislado, pues existe la posibilidad de que otros extrabajadores continúen figurando en los registros de nómina de dependencias estatales, aun cuando fueron separados de sus cargos y mantienen litigios laborales pendientes.

Para dimensionar el problema, mencionó que en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje existen alrededor de 15 mil asuntos laborales. De acuerdo con su estimación, aproximadamente la mitad corresponde a conflictos con ayuntamientos y el resto a dependencias del Gobierno central. Ante este panorama, planteó la necesidad de revisar cuántos exempleados permanecen registrados en las nóminas y si otras personas podrían estar cobrando recursos mediante sus datos e identidades.

Durante su exposición también hizo referencia a la administración del exgobernador Alfredo del Mazo Maza, periodo en el que, según su señalamiento, la dispersión de la nómina estatal habría operado mediante un esquema de intermediación con la empresa Enomina, ubicada en Toluca. Aseguró que este mecanismo también estaba relacionado con la gestión de créditos y otros beneficios para los servidores públicos, y sostuvo que algunas de las presuntas irregularidades que ahora denuncia habrían comenzado durante ese gobierno y continuado en la actual administración estatal.

Chávez Espinosa recordó que anteriormente había señalado posibles anomalías en la asignación y venta de plazas, así como un supuesto desvío de recursos en la entonces Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Afirmó que sus denuncias no fueron atendidas y consideró que su separación laboral pudo estar relacionada con los señalamientos que realizó en aquel momento.

Por su parte, el abogado Ricardo Martín Rojo Domínguez, quien acompañó al extrabajador durante la conferencia, solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y de la titular de la Secretaría del Campo para que se investigue el funcionamiento de las áreas de Recursos Humanos, nómina y administración.

Los abogados consideraron necesario identificar quién autorizó la expedición de los comprobantes fiscales, quién ordenó la dispersión de los recursos y quiénes aparecen como beneficiarios de los pagos. También pidieron revisar la documentación administrativa y las identificaciones oficiales que presuntamente se utilizan para respaldar estas operaciones.

Finalmente, hicieron un llamado a trabajadores y extrabajadores del Gobierno del Estado de México que hayan enfrentado una rescisión laboral y mantengan procedimientos jurídicos pendientes para que revisen su situación fiscal y sus registros de nómina. La intención, señalaron, es que puedan detectar posibles comprobantes de ingresos, créditos o descuentos generados a su nombre sin su conocimiento.

Los denunciantes insistieron en que las autoridades estatales deben realizar una auditoría amplia de los registros de nómina para determinar si existen más casos, aclarar el destino de los recursos públicos y establecer las responsabilidades correspondientes. Chávez Espinosa sostuvo que hizo pública su situación para evitar que permanezca sin respuesta y conseguir que se investiguen los hechos y, en su caso, se sancione a quienes resulten responsables.