Acusan a funcionarios de Tultitlán de extorsión a empresarios y desvío de recursos públicos

Toluca, Estado de México.- Autoridades del Estado de México investigan a la presidenta municipal de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, por su presunta participación en una red de corrupción que operaría desde el interior del Ayuntamiento. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción encabeza las indagatorias.

De acuerdo con testimonios de empresarios locales, el gobierno municipal presuntamente utiliza inspecciones administrativas como mecanismo de presión.

Los denunciantes afirman que algunos negocios son suspendidos por supuestas irregularidades y posteriormente se les ofrecen reuniones con funcionarios municipales para negociar su reapertura mediante pagos no oficiales.

Uno de los nombres señalados en este esquema es el de Erick Isachar Vega Chavarría, coordinador general de la Oficina de Presidencia, quien, según versiones, propondría acuerdos económicos fuera del marco legal. Las denuncias indican que estas prácticas contarían con el aval de la alcaldesa Ana María Castro.

Tultitlán no fue incluido en la “Operación Liberación”, un operativo federal contra la extorsión llevado a cabo en julio de 2023 en 14 municipios del Estado de México. Pese a que el municipio cuenta con Alerta de Violencia de Género desde 2015 y ha sido clasificado como prioritario en materia de seguridad, no fue considerado dentro de esa estrategia.

Además de las denuncias por extorsión, exfuncionarios del Ayuntamiento han señalado la existencia de vínculos familiares entre los principales actores de la administración municipal. Ana María Castro es cuñada de la exalcaldesa Elena García Martínez, mientras que su esposo, José Alfredo Contreras Suárez, ocupa el cargo de secretario del Ayuntamiento.

La Fiscalía mexiquense también indaga posibles irregularidades en contrataciones públicas, ejecución de obra y creación de empresas fachada. Asimismo, se examina el manejo de programas sociales durante las gestiones de Castro Fernández y García Martínez.

Hasta el momento, no se ha anunciado una intervención oficial en el gobierno local, aunque fuentes de los gabinetes de seguridad estatal y federal indicaron que se da seguimiento a la situación. Diversos sectores sociales han manifestado su preocupación por las acusaciones, solicitando acciones para frenar los abusos y garantizar la legalidad.

El caso ha generado presión ciudadana en Tultitlán, donde organizaciones locales han pedido mayor transparencia en el ejercicio del gasto público y una revisión de los vínculos políticos entre funcionarios del Ayuntamiento.