Protestan en Toluca contra operativos en anexos; exigen frenar clausuras y revisar acciones oficiales

Toluca, Estado de México.- Cientos de manifestantes provenientes de distintos estados del país y de diversos municipios del Estado de México se congregaron este jueves en las inmediaciones del Palacio de Gobierno estatal, en Toluca, para exigir el cese de los operativos contra centros de rehabilitación para adicciones, conocidos como anexos.

La movilización fue encabezada por Jesús Osuna, alias “El Chiquilín”, integrante de la Patrulla Espiritual, junto con otros representantes de estos establecimientos. Durante la protesta, denunciaron presuntos abusos por parte de autoridades en las acciones de inspección y clausura. Si bien reconocieron que algunos centros operan fuera de la normativa, señalaron que no todos incurren en irregularidades, por lo que consideraron injustificadas las intervenciones generalizadas.

De acuerdo con los manifestantes, los operativos recientes no solo han derivado en el cierre de varios anexos, sino también en la detención de personas que —afirman— no han cometido delito alguno. En ese contexto, acusaron posibles violaciones a derechos humanos y exigieron la revisión de los protocolos de actuación para garantizar un trato justo tanto a responsables de los centros como a los internos.

Asimismo, solicitaron la reapertura de los establecimientos clausurados, al argumentar que muchos de ellos brindan apoyo a personas con problemas de adicción que, de otro modo, podrían quedar en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, insistieron en la necesidad de establecer mecanismos claros de regulación que permitan diferenciar entre los centros que cumplen con la ley y aquellos que deben ser sancionados.

Durante la jornada, los inconformes reiteraron su disposición al diálogo con el gobierno estatal. No obstante, advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable, continuarán con movilizaciones tanto en la capital mexiquense como en otras regiones. Su principal demanda, subrayaron, es la instalación de una mesa de trabajo que permita avanzar hacia la regularización del sector, garantizando la legalidad de los centros y la protección de los derechos de quienes reciben tratamiento en ellos.