Avanza iniciativa del PRI para blindar programas sociales en la Constitución mexiquense

Toluca, Estado de México.- En el Congreso del Estado de México, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para consagrar los programas sociales en la Constitución estatal dio un paso relevante al ser aprobada en comisiones legislativas. El objetivo central es asegurar su permanencia, financiamiento y blindaje frente a posibles usos políticos en épocas electorales.

El diputado Mariano Camacho San Martín, al presentar la iniciativa en representación de su Grupo Parlamentario, argumentó que elevar estos programas a rango constitucional representa una acción concreta en la lucha contra la pobreza, además de fortalecer los derechos sociales de los mexiquenses. “No se trata de dádivas ni de favores; se trata de justicia social que no puede estar sujeta a cambios de gobierno ni a intereses partidistas”, expresó.

Asimismo, Camacho San Martín dijo, que la propuesta busca reformar el artículo 5 de la Constitución Política del de la entidad, específicamente su párrafo noveno. “Con ello, se pretende establecer la obligatoriedad de que los recursos destinados a programas sociales lleguen en tiempo, forma y sin recortes discrecionales. De igual manera, se plantea que el diseño, operación y evaluación de dichos programas se rijan bajo principios de progresividad, transparencia y equidad.

Durante la sesión conjunta de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Desarrollo y Bienestar Social, la propuesta priista fue analizada junto con otras cuatro iniciativas: una enviada por el Ejecutivo estatal y tres promovidas por diputadas y diputados de distintas fuerzas políticas. El consenso en torno a la relevancia de los programas sociales fue evidente, aunque los detalles técnicos aún serán motivo de debate legislativo.

Un punto central de la propuesta del PRI es el enfoque con perspectiva de género. Se plantea que las mujeres en situación de vulnerabilidad cuenten con un respaldo institucional firme, sostenido y libre de condicionamientos, garantizando que nunca más queden desprotegidas por falta de voluntad política o por criterios presupuestales cambiantes.

“Es tiempo de dejar atrás prácticas clientelares. Los apoyos sociales deben ser derechos, no instrumentos de control político”, señaló, quien también hizo un llamado a todas las fuerzas parlamentarias a respaldar este tipo de reformas estructurales que trascienden administraciones.

Finalmente, el priista enfatizó que el fortalecimiento de estos programas no sólo implica ampliar su cobertura y garantizar su continuidad, sino también establecer mecanismos claros que midan su efectividad, priorizando a quienes más lo necesitan.

La discusión final se espera en las próximas semanas, en lo que podría convertirse en una de las reformas más relevantes de la actual Legislatura en materia de bienestar social.