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Ana Castro, alcaldesa de Tultitlán, bajo escrutinio por corrupción y nepotismo

  • 24 jul 2025
  • 2 Min. de lectura

Tultitlán, Estado de México.- A siete meses de haber asumido la presidencia municipal de Tultitlán, Ana María Castro Fernández, enfrenta un creciente escrutinio por presuntos actos de corrupción, persecución política y nepotismo.

 


La Fiscalía General de Justicia local, ha iniciado investigaciones por presuntas irregularidades cometidas, tanto en su administración, como en la de su predecesora y cuñada, Elena García Martínez, actual diputada local.

 

Desde que Castro llegó al gobierno, en enero de 2025, se habrían otorgado contratos por más de 72.7 millones de pesos, mediante asignaciones directas o licitaciones simuladas con un solo competidor.

 

A estos señalamientos, se suman las irregularidades heredadas de su cuñada, ahora diputada local, quien también es investigada por el desvío de 38.5 millones de pesos a una asociación civil, para la adquisición irregular de terrenos ejidales en San Francisco Chilpan, sin escrituras públicas que respalden la transacción.

 

Según consta en la carpeta TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México, inició una investigación formal contra Ana María Castro Fernández y su cuñada Elena García Martínez, por actos relacionados con el manejo irregular de recursos públicos, adjudicaciones irregulares de contratos y uso político de cargos públicos.

 

El expediente, abierto a solicitud de vecinos de las colonias Fimesa 1, 2 y 3, quienes acusan que, durante la administración de García, se pagaron 38.5 millones de pesos a la asociación civil Unión de Colonos, Inquilinos Solicitantes de Vivienda y Comerciantes, Lomas del Parque A.C. por la compra ilegal de 27 hectáreas ejidales en San Francisco Chilpan.

 

Las denuncias se presentaron ante el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría del Estado de México en Naucalpan.

 

Además, los colonos denunciaron un pago adicional de 5 millones de pesos al Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonapho) en 2023, sin que se haya regularizado la situación jurídica de los predios.

 

Los denunciantes temen ser despojados de sus viviendas mediante maniobras políticas, incluida la propuesta de cambiar el nombre de la colonia a “Cuarta Transformación”, para borrar su identidad jurídica y dificultar sus derechos de posesión.

 

Uno de los principales focos de crítica ha sido el vínculo familiar entre Ana María Castro y Elena García, ya que García, promovió la candidatura de su cuñada a la presidencia municipal, lo que ha sido interpretado como un intento de consolidar una red de poder político en la localidad; además, al menos tres familiares directos de la actual alcaldesa trabajan en el Ayuntamiento.

 

La gestión de Castro, también enfrenta fuertes críticas por parte de empresarios locales, quienes señalan prácticas como la burocracia y la corrupción que están frenando inversiones mexicanas y extranjeras, agravando la pérdida de competitividad, lo que añade más negativos al municipio, donde un 42% de la población vive en pobreza.

 

La inseguridad es uno de los mayores desafíos en Tultitlán. Según el INEGI, el 87.3% de los habitantes del Estado de México considera que vivir en la entidad es inseguro, y Tultitlán destaca como una de las demarcaciones más afectadas.

 

Fuentes cercanas a la investigación, confirmaron que se han solicitado auditorías financieras y peritajes para rastrear el uso de recursos municipales entre 2023 y 2025.

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