Hartazgo y desconfianza en las autoridades, reflejo de linchamientos y justicia por propia mano

Toluca, Estado de México.- “Cuando vemos que nuestras autoridades no hacen nada para evitar tanta violencia, sí es válido el linchamiento. Como país llevamos mucho tiempo viviendo esto, desafortunadamente lo hemos normalizado”, señala Ángeles Tinoco, una de las miles de usuarias de redes sociales que opinaron sobre el caso de Camila, menor asesinada en Taxco, Guerrero y el linchamiento de una de las presuntas involucradas.

En su última actualización (2023) la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) refiere que sólo el 56.2 por ciento de la población confía en las policías estatales, solo el 52.7 por ciento confía en las policías municipales, y solo el 56 por ciento confía en la policía ministerial, judicial o de investigación.

En el Estado de México sólo cinco de cada 10 personas (50.5 por ciento) confía en la policía estatal, 4 de 10 confían en la policía municipal (48.1 por ciento) y también sólo 4 de 10 mexiquenses confían en la policía ministerial, judicial o de investigación, dichas cifras están por debajo de la media nacional, refiere la ENVIPE en la medición de percepción de confianza en las autoridades.

Tras el linchamiento y homicidio de la mujer que presuntamente participó del secuestro y homicidio de la niña Camila, de 8 años de edad, en el municipio de Taxco, en Guerrero, registrado el pasado 28 de marzo, las voces a favor y en contra de este tipo de actos son diversas, aunque existe una constante: si las autoridades no actúan, lo hará la población.

Al respecto, Erubiel Tirado, académico de la Universidad Iberoamericana (IBERO), consideró que los hechos violentos en la entidad vecina de Guerrero, son el reflejo de un fracaso institucional del Estado mexicano en materia de seguridad, el cual se combina con la rabia social.

“El gobierno, en sus tres niveles, no sirve ya para proteger a su población. La tragedia de Taxco de la niña Camila y el linchamiento de una de los homicidas es una muestra de las manifestaciones de violencia que se han multiplicado en el país en las últimas décadas”.

Señaló que, en el caso de Taxco, las autoridades ministeriales, en conjunto con las de seguridad estatal y municipal, se caracterizaron en forma idéntica por la lenidad de su respuesta. Esta aseveración coincide con la percepción a nivel nacional y por entidades respecto a las dependencias de seguridad que refiere el INEGI.

“Era cuestión de tiempo que la rabia social estallara. Cuando el escenario de riesgo era más que evidente imponía evitar la turba violenta contra los probables culpables del homicidio de la niña Camila. El resto es la historia de una muerte violenta, un homicidio que sí pudo evitarse, de quien junto con sus cómplices debió enfrentar un juicio y una condena”.

La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 refiere, en su apartado Confianza en las autoridades o actores de la sociedad, que los familiares son los más confiables, con un 87.4 por ciento, y los vecinos, con un 71.4 por ciento. En contraste, entre los menos confiables están los gobiernos municipales, con 49.9 por ciento; los gobiernos estatales, con 48.2 por ciento; los jueces y magistrados, con 39.4 por ciento; el Ministerio Público o la Fiscalía estatal, con 38.6 por ciento; las policías, con un 37.1 por ciento, entre otros.

Según la ENCIG, en el Estado de México solo 4 de 10 personas confían en los gobiernos municipales y en el estatal, con 40.8 y 44.2 por ciento respectivamente. La encuesta refiere que, en la entidad mexiquense, tan sólo el 28.8 por ciento de la población de 18 años y más, confía en los policías.

Erubiel Tirado señala que los hechos ocurridos en Taxco -los cuales dice no son los únicos, pero sí los más recientes- demuestran que los cuerpos de seguridad están mal preparados para situaciones críticas de violencia física de turba social. Señala que la realidad alarmante, no solo en Guerrero, sino a nivel nacional.

“Las cifras de Causa en Común, no del Secretariado Nacional de Seguridad Pública que carece en forma oficial de la información pertinente, nos enfrentan a una tendencia que amenaza con convertirse en patrón en nuestra “normalidad” de violencias: desde 2020 ha habido 823 eventos de linchamientos, 129 terminaron en asesinatos perpetrados en forma colectiva”.

Afirma que las limitaciones metodológicas para hacer un seguimiento apropiado del fenómeno sólo permiten establecer la hipótesis de la impunidad, toda vez que dice, no hay datos precisos de juicios y condenas por estos eventos.

“Desafortunadamente la incapacidad de los tres niveles de gobierno ha llevado a la población a tomar la justicia en sus manos, acción totalmente reprobable, pero justificada para quienes ante tal ingobernabilidad en el país lo hacen…nuestra sociedad en total estado de descomposición”, Diana Mejía.

“No es la manera, pero la autoridad no reacciona a estos acontecimientos tan lamentables como el feminicidio de la pequeñita, se toma la justicia por mano propia al no existir autoridad que sea funcional”, Ofelia Ruiz Cortina.

“No dejan opciones porque la gente ya está harta de acciones lentas o nulas, se tiene que ver de esta manera tan agresiva y contundente para que el resto de delincuentes la piense dos veces antes de querer algo ilícito y le midan que la sociedad se volverá loca y haga justicia por propia mano”, Ana Rodríguez.

La última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI refiere que, en diciembre de 2023, 59.1 por ciento de la población de 18 años y más en el país, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Entre las ciudades con mayor porcentaje de personas consideraron que vivir en su ciudad es inseguro destacan Naucalpan, con 91 por ciento y Ecatepec con 88.7.

La ENSU registra que, el porcentaje de población que en diciembre de 2023 se sintió inseguro en el lugar donde vive es: en Toluca, 80.6 por ciento; en Ecatepec, 88.7 por ciento; en Nezahualcóyotl, 58.5 por ciento; en Naucalpan, 91 por ciento; en Tlalnepantla, 72.4 por ciento; en Cuautitlán Izcalli, 73.6 por ciento; en Atizapán de Zaragoza, 58.2 por ciento; y en Chimalhuacán, 79.9 por ciento.

Por su parte, la ENVIPE señala que en el Estado de México 71. 3 por ciento de la población de 18 años y más considera la inseguridad como el problema más importante que los aqueja.

La ENVIPE refiere que, en el Estado de México, la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian, es de 92.9 por ciento. El último corte de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a la entidad en los primeros lugares de incidencia en delitos como feminicidio, extorsión, homicidio, y secuestro, por mencionar algunos.

Recientemente, la Fiscalía de Justicia estatal informó la detención y vinculación a proceso de Elizabeth “N” y Julio Alberto “N”, señalados por su probable intervención en el feminicidio de una niña de 3 años en el municipio de Chalco. Tras darse a conocer la noticia en los medios, las voces no distaron de las expresadas en el caso de Camila, e incluso incitaban a más violencia: “Deberían de tener el mismo trato que la de Taxco”, Joss Solís; “Llévenlos un fin de semana a Taxco”, Yaz Bailon.

Natalia Ix-Chel Vázquez, especialista de la Universidad Autónoma del Estado de México, señaló que los linchamientos, o intentos de linchamiento, se generan por la frustración que tiene la gente de sentir que el Estado no le da respuesta al tema de la inseguridad.

“La justicia por propia mano ha hecho que las personas piensen que es “justo” linchar a alguien, ese es el problema porque no se dan cuenta que entran en un proceso de mayor violencia. Se está normalizando porque hay una escasa impartición de justicia, porque se considera que el Estado está débil y las necesidades están insatisfechas”.

Toda vez que el linchamiento como tal no es considerado un delito, no hay estadísticas certeras. Lo que sí existe son carpetas de investigación por lesiones u homicidio, delitos que por lo general son asociados a quienes realizan las retenciones de terceros o participan en las turbas.

La especialista universitaria consideró que antes que tipificar el acto como un delito penal se tendría que trabajar en una educación para la paz.

Por su parte, Miguel Ángel Chávez López politólogo del Colegio Mexiquense, señaló que las escenas de delincuentes linchados y la población “haciendo justicia por cuenta propia”, vulneran el Estado de Derecho y debilitan a las instituciones.

“Este tipo de manifestaciones son muestra del hartazgo colectivo y pérdida de credibilidad en el aparato de justicia. Casos como los que se han repetido en las últimas semanas, de población enardecida linchando y asesinando a “presuntos delincuentes”,  son parte de un fenómeno que el propio estado ha alimentado”.

Advirtió que los riesgos de esta tendencia, es que sólo se genera más caos y violencia del que pretende contrarrestar, toda vez que en estas expresiones desaparecen los límites y percepción de la gente con relación a lo bueno, malo, lo correcto o incorrecto.