Almoloya de Juárez enfrenta una grave crisis administrativa
- Mónica Valdés
- 4 ago
- 3 Min. de lectura
Almoloya de Juárez, Estado de México.- El presidente municipal de Almoloya de Juárez, Adolfo Solís Gómez, pasó de la fama a la infamia, pues muy alejado de sus alegres promesas, la localidad enfrenta una de las crisis administrativas y sociales más severas de los últimos años, marcada por impagos a trabajadores, falta de transparencia en la administración y descontento entre la población.
El conflicto estalló públicamente en abril, cuando más de 40 policías municipales iniciaron un paro indefinido por la falta de pago de salarios, primas vacacionales y otras prestaciones. Los elementos de seguridad denunciaron que llevaban semanas laborando sin recibir su remuneración.
La protesta policial no fue un hecho aislado. Desde el inicio de año, empleados de base del Ayuntamiento reportaron retrasos en su primera quincena de enero, situación que afectó también a áreas clave como Bomberos y Servicios Públicos. La incertidumbre laboral encendió alarmas sobre la solvencia financiera del gobierno local.
Paradójicamente, mientras los trabajadores de menor rango padecían impagos, los directores de área y altos funcionarios cobraban puntualmente. Esta dualidad incrementó el malestar social y detonó cuestionamientos sobre la prioridad del gasto público en la administración encabezada por Adolfo Solís Gómez.
La narrativa oficial ha sostenido que el municipio atraviesa por una crisis de recursos, sin embargo, registros de la Secretaría de Finanzas del Estado de México señalan que Almoloya de Juárez recibió más de 28 millones de pesos en transferencias durante enero.
La aparente contradicción entre los ingresos y la falta de pagos alimentó sospechas de mala administración o desvíos de recursos públicos, lo que fue aderezado con el hecho de que las acciones públicas no han resuelto las necesidades reales de la ciudadanía, además de que el alcalde se moviliza en una camioneta con un valor de más de un millón de pesos.
Otro componente del escándalo es la opacidad. Y es que hace apenas un mes, la administración municipal no había publicado los sueldos actualizados del alcalde ni de los funcionarios de primer nivel en la Plataforma IPOMEX, como exige la ley. En su lugar, los enlaces oficiales presentaban errores o información desactualizada desde 2024.
La omisión en materia de transparencia podría derivar en sanciones administrativas, pues incumple con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Este incumplimiento alimenta la percepción de falta de rendición de cuentas.
A la crisis financiera y de imagen se suma el incumplimiento de las promesas electorales. Obras prometidas como la rehabilitación de luminarias, mejora de vialidades y ampliación de caminos no han tenido avances visibles, mientras que la recolección de basura y mantenimiento de espacios públicos se encuentran suspendidos en varias comunidades.
El escándalo también alcanzó un ángulo legal y electoral. En mayo, el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó al Ayuntamiento designar un representante indígena otomí, tras invalidar un proceso de consulta que excluyó a la comunidad. Las omisiones del gobierno municipal generaron críticas por violar derechos de representación.
Los vecinos de diversas delegaciones señalan que la administración se ha enfocado más en exhibiciones públicas de patrullas nuevas y entregas de tinacos que en resolver problemas de raíz como el agua potable, la seguridad y la infraestructura deteriorada.
De esta manera, la situación de Almoloya de Juárez refleja una combinación de deficiencias administrativas, incumplimiento legal y estrategias mediáticas que no logran revertir la percepción de crisis ni garantizar la estabilidad laboral del personal del Ayuntamiento.
El caso ha encendido alertas entre autoridades estatales. La Contraloría del Estado de México y el Órgano Superior de Fiscalización podrían intervenir ante denuncias formales por falta de pago, opacidad y posibles desvíos de recursos.
Comentarios